Universidad de ZaragozaInstituciones

El precio del agua y la agricultura (Artículo Heraldo de J. Lorén y A. Acero)

Fuente: Heraldo de Aragón, martes 16 de junio de 2015, pag. 24.

16 Foto

En los últimos tiempos hay abundante información sobre los costes del agua. Hace poco, el presidente de la multinacional Nestlé, el Sr. Brabeck-Letmathe, decía que se debería privatizar el suministro de agua para que, como sociedad, tomásemos conciencia de su importancia, ya que el hecho de que el agua sea gratuita hace que en demasiadas ocasiones no se le dé el valor que tiene y se malgaste. Sostiene que cada persona debería disponer de 5 litros al día para beber y otros 25 para higiene personal, y que el resto se debería pagar. Ante esa afirmación tan contundente, cabe decir que la ONU establece unas necesidades mínimas por persona de entre 50 y 100 litros diarios de agua. Por otra parte, resulta sospechosa esta afirmación de quien preside la empresa líder mundial de venta de agua embotellada.

Las Naciones Unidas publicaban en 2006 que «el acceso al agua para el uso personal y doméstico no debe verse amenazado por la necesidad de recuperar los costos». Y que «el agua es indispensable para la vida, pero también es fundamental para la seguridad alimentaria, la generación de ingresos y la protección del medio ambiente. El derecho al agua abarca solo los usos personales y domésticos». No comprende el agua necesaria para la agricultura o el pastoreo o para el mantenimiento de los sistemas ecológicos. El acceso al agua para la agricultura, en particular por los pequeños propietarios, forma parte del derecho a una alimentación adecuada y debe darse prioridad «a los recursos hídricos necesarios para evitar el hambre y las enfermedades, así como para cumplir las obligaciones fundamentales que entrañan cada uno de los derechos» humanos y ambientales. Habida cuenta de la interdependencia y la indivisibilidad de todos los derechos humanos, puede decirse que el derecho al agua da prioridad al uso doméstico, seguido de la agricultura y el pastoreo cuando sea necesario para prevenir el hambre.

La Directiva Marco del Agua de la Unión Europea establece la necesidad de abordar por la ciudadanía los costes del agua en sus diversos usos. Sin embargo, conviene tener en cuenta que gran parte de Europa central y del norte consumen para su agricultura ‘agua verde’, sin apenas costes de infraestructuras, mientras que la Europa meridional, de escasa pluviometría e irregular, ha de consumir ‘agua verde’ y ‘agua azul’. Es decir, hay una clara asimetría en la disponibilidad del agua, consecuencia del clima, y por tanto la asunción de costes no debe ser tratada del mismo modo en el centro y norte de Europa que en el sur, porque las necesidades tampoco son las mismas. No sería justo. Y además pondría en serio peligro la competitividad de nuestra agricultura, incluso de aquella que nutre de frutas y hortalizas a Europa.

Por otra parte, algunos sectores están planteando que dejemos de producir determinados alimentos poco rentables en España (trigo, cebada, arroz, patatas, etc.), ya que se pueden traer de terceros países; así importamos agua virtual, es decir, son otros los que consumen agua para producir estos alimentos y nosotros podemos derivar la no utilizada en agricultura a otros usos. Conviene recordar que más de la
mitad de los recursos hídricos usados para satisfacer la demanda de los bienes y servicios consumidos en España procedían en 2003 de otros países (huella hidrológica externa). La huella hidrológica de una persona, colectivo o país se define con el total del agua usada para producir bienes y servicios consumidos por esa persona, colectivo o país. En España en 2007 se estimaba en 1.150 m3 al año por persona, es decir, unos 48.000 hm3 al año para toda la nación.

Sería un grave error estratégico pensar que debemos importar todos los alimentos básicos porque su rentabilidad económica es menor. Europa ya no es el ombligo del mundo y para algunos exportadores tampoco somos clientes preferentes o no lo seremos en un futuro. Hay países que tienen mayor potencial de crecimiento en su demanda de alimentos que Europa y esto los convertirá en objetivo preferencial para muchos exportadores. Por ello, deberíamos reducir nuestra dependencia alimentaria del exterior, especialmente de todos aquellos alimentos básicos. No hacerlo supone exponer a nuestro país a los riesgos de posibles desabastecimientos o de costes muy elevados para el ciudadano, como consecuencia de: las políticas especuladoras de algunos fondos de inversión poco éticos que están jugando con las materias primas básicas, del uso de alimentos para producir biocombustibles o de períodos de graves sequías u otros accidentes meteorológicos.

Cañas y otros (2000) analizaron los costes del agua para regadío y observaron que, superado un determinado precio por metro cúbico para un consumo ordinario por hectárea, la demanda se hace elástica y comienza a descender. El incremento del precio del agua supone el abandono de cultivos y tierras, acompañado de menores producción y renta y de la disminución del empleo en las zonas geográficas afectadas; o el cambio de cultivos de regadío a secano para asegurar la rentabilidad. Por otra parte, a partir de un determinado coste del metro cúbico, el Estado recauda menos, al disminuir el consumo como consecuencia de la reducción de rentas de los agricultores. Además, el impacto social de esta disminución de consumo es importante, ya que las necesidades de mano de obra del regadío son mayores que las del secano (fijación de población en el medio rural) y también necesita más inputs y servicios.

La modernización de regadíos es una necesidad que depende de la implementación de una tecnología ahorradora de agua, del precio del agua, de la elasticidad del precio de la demanda y del grado de ahorro que permita la tecnología. Los efectos de un aumento del precio del agua dependen de la existencia de tecnologías ahorradoras de agua y del coste de estas. Invertir en modernización de regadíos es apostar por la eficiencia del agua. Y la sostenibilidad nos obliga a ello, tanto por necesidad como por vocación.

Javier Lorén Zaragozano es presidente del
Consejo de Colegios de Ingenieros
Técnicos Agrícolas de España;
Alejandro Acero Oliete es subdirector
de la Escuela Universitaria
Politécnica de La Almunia